¿Porque están molestos los veteranos y veteranas?

Una cosa es la crítica al FMLN por lo que no logró en materia de derechos sociales y otra diferente es justificar los retrocesos en derechos ya conquistados (En los Gobiernos del #FMLN) que está impulsando el actual gobierno. Le guste a usted o no, eso es así, no es cierto que simplemente el Frente se robo todo y no hizo nada.

Bukele manda a los jóvenes, mujeres y veteranos al carajo, sus cambios neoliberales “eliminan poco a poco los proyectos sociales”.

Tres días después de tomar posesión, el presidente Nayib Bukele prometió a las víctimas de El Mozote que la reorganización del Estado jamás los afectará negativamente. Casi tres meses después de iniciada la presidencia, las víctimas de la guerra y organizaciones de derechos de la población LGBTI le reclaman que esa reorganización ha dejado en un limbo a los programas sociales a los que se comprometió el Estado durante las dos administraciones anteriores.

Desde las últimas semanas de mayo, las mesas de trabajo que coordinaban los programas de reparación para afectados por la masacre de El Mozote y por otros casos de la guerra no se han reunido. Tampoco funciona, desde la llegada de Bukele al poder, la Oficina de Diversidad Sexual, creada en el gobierno de Mauricio Funes para prevenir y erradicar cualquier tipo de discriminación contra la población LGBTI. En su primera semana, Bukele ordenó eliminar las secretarías de la Presidencia que administraban esos programas y despedir a los funcionarios y empleados encargados. A la fecha, el Gobierno no ha nombrado un reemplazo para los encargados, al menos no públicamente, y los programas no se retoman.

En medio de la incertidumbre y de la falta de respuestas claras, algunas organizaciones ya califican como un retroceso en materia derechos humanos la falta de atención del Gobierno y exigen conocer qué funcionarios le darán seguimiento a sus solicitudes.

En teoría, el ministerio de Gobernación coordina ahora los programas relacionados con las víctimas de la guerra que antes estaban bajo la vigilancia de la Secretaría Técnica de la Presidencia y la Secretaría de Inclusión Social. La respuesta oficial se limita a que ya hay una comisión nombrada. En el caso de los programas para la población LGBTI, el Ministerio de Cultura ha sido designado para retomar el trabajo, pero a la fecha se desconoce un plan en concreto y la designación de autoridades encargadas. 

El 24 de julio, un colectivo de organizaciones de derechos humanos y  víctimas de la guerra enviaron una carta al presidente en el que solicitaron que tome acciones concretas para beneficiar a las víctimas del conflicto armado. “Hasta la vez no nos han dicho nada”, dice Sofía Hernández, una mujer de la tercera edad con cuatro familiares que desaparecieron en el contexto del conflicto armado. Los conocidos la llaman “madre Sofía” y desde hace décadas, se ha dedicado a exigir que se conozca el paradero de sus familiares y hacer activismo. Incluso con una rodilla mala, no es raro verla en marchas, conferencias de prensa y concentraciones bajo el sol. 

Ella llegó a Casa Presidencial y entregó, en nombre de otras 30 organizaciones, la carta en la que pedían una reunión con Bukele y claridad para saber quién atenderá los programas que se iniciaron en la administración anterior. En la carta reconocieron como positivo que Bukele haya ordenado borrar el nombre del coronel Domingo Monterrosa de la  fachada de la Tercera Brigada de Infantería, pero este escrito no fue una carta de agradecimiento.

Demandaron acciones concretas más allá de lo simbólico: que ordene abrir los archivos de la Fuerza Armada, que se reanude el contacto del Estado con las víctimas y la aplicación medidas de reparación que estaban siendo lideradas por la Secretaría de Inclusión Social, ahora extinta en el nuevo gobierno. 

Un mes después, Bukele no ha dado respuesta.  “No tenemos ese dato y es lo que queremos hablar con el presidente. Lo que sí sabemos es que llegó una comitiva al Mozote. Pero la queja es que no se respeta la agenda y los acuerdos tomados. Hace falta diálogo con toda la población afectada, no solo hacer el show”,  dice Óscar Pérez de la Fundación Comunicándonos y representante de la Mesa contra la impunidad en El Salvador.  

Eugenio Mejía, víctima de tortura, afuera del Juzgado de Instrucción donde se procesa a los altos mandos de la Fuerza Armada durante la masacre de El Mozote y lugares aledaños. San Francisco Gotera, Morazán, 18 de julio de 2019. Foto: Víctor Peña.

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