Conmemoramos la lucha de los familiares de los Desaparecidos

Este 30 de agosto, en el Día Internacional del Detenido Desaparecido, nos sumamos a las miles y miles de voces que, por toda América Latina, siguen demandando verdad y justicia para las miles y miles de personas que fueron y siguen siendo secuestradas, torturadas, asesinadas y hechas desaparecer aún en estos tiempos. Recordamos la complicidad .

Cientos de salvadoreños reclaman al Estado por los desaparecidos en la guerra civil

El Salvador es un país de dolientes sin tumbas y de víctimas sin justicia, condición que viven cada día los sobrevivientes de unas 194 masacres, de los escuadrones de la muerte estatales, de los paramilitares, de las desapariciones forzadas y todos los vejámenes que solo una guerra fratricida tiene por telón de fondo.

“Tengo dos hermanos desaparecidos, mi hija -sé que la mataron pero no hallé sus restos- y cuatro sobrinos que desaparecieron en los años ochenta”, narra Sofía Hernández, una mujer que con su sonría amplia trata de disimular el pesar de un luto pausado, negado.

El fiscal general, el encargado de dictar la plana.

Para poder dictar la política de selección, se delegará en el fiscal general, que actualmente es Raúl Melara, que sea el encargado de elaborar un listado de casos para que sea investigados, procesados y judicializados, dentro de los cinco meses siguientes a la entrada en vigencia, la sociedad civil podrá participar, pero la última palabra es del jefe del ministerio público. 

El fiscal deberá elaborar un listado de casos “utilizando criterios como la extrema gravedad de los hechos punibles a que se refiere esta ley; la representatividad de los mismos; la capacidad para demostrar los patrones, los comportamientos o prácticas de violencia más ofensivas y repudiables para el género humano, el impacto sobre las víctimas, la sociedad e incluso la comunidad internacional y la factibilidad o viabilidad de las investigaciones”, según se detalla. 

Si una persona, comunidad u organización quiere proponer un crimen para que sea juzgado deberá tener en cuenta los criterios anteriormente mencionados y enviar la petición a la FGR y el fiscal general deberá responder, en un máximo de 10 días hábiles, a la petición y sea cual fuere su decisión debe ser fundamentada y notificada. Si se negara, hay una instancia más a la que acudir. 

“Contra dicha decisión, dentro de un plazo de 10 días hábiles, las personas u organizaciones peticionarias podrán presentar demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la CSJ, recurso que deberá resolverse por el referido tribunal dentro de un plazo de 15 días hábiles”, reza la propuesta. 

El listado solo se podrá cerrar hasta que no exista ningún recurso pendiente en la Sala y será oficializado por el fiscal que lo deberá publicar en el diario oficial. 

El 13 de julio de 2016, los entonces magistrados de la Sala de los Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rodolfo González, Florentín Meléndez, Sidney Blanco y Eliseo Ortiz firmaron la caída de una de las leyes pilares en los Acuerdos de Paz, la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz de 1993 y ordenaron a la Asamblea redactar una nueva ley antes del 13 de julio de 2019 que garantice que se investigue, enjuicie y esclarezca la verdad de lo acaecido en el conflicto armado. 

La Asamblea se olvidó del mandato durante casi dos años, y en junio de 2018 se creó una comisión Ad-hoc para que estudiara la sentencia; un año más tarde y con la fecha límite cerca, los diputados están trabajando un proyecto que no les ha caído en gracia a las organizaciones de defensa de los derechos humanos. 

Los diputados de la Asamblea han recibido críticas de parte de diferentes colectivos de defensa de los derechos humanos y del mismo presidente electo, Nayib Bukele, de querer aprobar leyes para “proteger” a los criminales de guerra. 

Otra de las críticas fue que en los últimos meses han agilizado el proceso de trabajo dentro de la extinta comisión Ad-Hoc, subcomisión y comisión política para que sea el presidente Salvador Sánchez Cerén quien firme la ley antes del cambio de gobierno.

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